Espacio para compartir las opiniones jurídicas de los estudiantes del Consultorio Jurídico de la Universidad de Ibagué.

LA CRISIS QUE SE ESTA PRESENTANDO  EN  LOS
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS  DEL PAÍS
DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19

Autores: Lina Torres, Gabriel Ospina, Paola Díaz, Daniel Ávila, Leidy Vidales y Angie Olarte (Estudiantes de 10 semestre de derecho de la Universidad de Ibagué)
 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la  situación que afrontan los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país debido a la actual pandemia que el mundo está viviendo, es necesario tener en cuenta las condiciones normales en las cuales se encuentras los establecimientos carcelarios del país para así entender porque esta situación los afecta aún más, para esto, se debe mencionar que los establecimientos carcelarios de Colombia desde hace ya varios años vienen presentando un hacinamiento desproporcionado, ya que se puede evidenciar que en una celda que por regla general está destinada para máximo 4 personas se encuentran conviviendo 7 u 8 reclusos e incluso muchos más, situación que evidentemente atenta contra la dignidad humana de cada individuo que esta por uno u otro motivo recluido en este sitio, además de lo anterior según cifras aportadas por  protectores de Derecho humanos, dentro de estos establecimientos carcelarios hay más de 3000 presos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, algunos padecen enfermedades crónicas, algunos son mayores de 65 años e incluso se encuentran madres lactantes o gestantes, personas que no reciben una atención adecuada de acuerdo a sus necesidades especiales.

El Ministerio de Salud a través de sus circulares ha establecido los parámetros y medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir y contener la enfermedad,  medidas que han sido prácticamente imposibles de implementar en los establecimientos carcelarios, un ejemplo básico de esto, es la recomendación de lavarse las manos, medida que aunque cueste creer no se ha podido implementar en todos los establecimiento carcelarios, ya que la mayoría no cuenta con la cantidad de jabón necesario para que los reclusos puedan hacer un lavado de manos de forma reiterada, otro gran ejemplo, es la medida del aislamiento obligatorio en todo el territorio colombiano, uno de los fines de esta medida es el distanciamiento social, pero ¿cómo se puede aislar a miles de personas que se encuentran en un mismo lugar purgando su condena? es algo prácticamente imposible, estas situaciones han llevado a que los reclusos entren en pánico lo que ha ocasionado motines en los diferentes centros carcelarios del país, uno de ellos fue ocasionado en la cárcel la Modelo ubicada en la ciudad de Bogotá, situación que dejo a 23 reclusos muertos y 90 heridos entre estos reclusos y personal del INPEC.

La anterior situación ha ocasionado que fundaciones protectoras de los Derechos Humanos hagan un llamado al Gobierno, con el fin de que no deje de lado este problema, por ello, la fundación de Defensa de Inocentes, dirigida por el ex diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la “gravedad y urgencia” de la situación que atraviesa la población carcelaria de nuestro país, en inminente riesgo por la pandemia del nuevo COVID-19, según la fundación, “las cárceles colombianas ostentan unas condiciones de salubridad inadecuadas, los privados de la libertad no cuentan con escenarios limpios y libres de infecciones”, sino que las cárceles mismas “son espacios propicios para la propagación de virus”, situación que además de afectar a los reclusos afecta a todos los funcionarios del INPEC que no pueden dejar su trabajo.

Esta situación que hizo que el Estado Colombiano tomara medidas concretas para prevenir la propagación del virus en los establecimientos y lograr que con estas se calmara la situación por la cual pasan, una de ellas es la resolución 1144 de 2020 expedida el 22 de Marzo, por medio de la cual se declara el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC.

Otras medidas que han sido adoptadas son la de suspender las visitas a los reclusos por parte de sus familiares, así como dotar al personal de las cárceles de elementos de seguridad, no obstante, tanto los reclusos como el personal del INPEC han mencionado que aún no cuentan con tapabocas, jabón, antibacterial y que en algunos lugares ni siquiera cuentan con agua, quedando de esta forma sin una protección ante la epidemia del COVID-19 porque a pesar de  que han sido restringidas las visitas con el fin de evitar el contagio proveniente de afuera, las medidas internas no han sido implementadas de manera efectiva en todos los centros carcelarios, este es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Coiba Picaleña,  en donde a pesar que desde el 12 de marzo les fueron suspendidas las visitas a los internos, el establecimiento no ha tenido un debido control sanitario, exponiendo no solo la vida de los reclusos, sino la de los funcionarios e incluso la de la familia de estos.

En cuanto al tema de las visitas y su restricción, a pesar de estar pensada de manera favorable, se ha convertido en un problema, pues para nadie es un secreto que para los reclusos, las visitas de sus familias son una motivación  y un aliento, así que con el fin de evitar más conflictos, el INPEC en algunas cárceles del país ha dado la posibilidad a los privados de la libertad de comunicarse de manera virtual a través de videollamadas con sus familiares y de esta manera, tener un contacto con ellas pese a la distancia consecuente del COVID-19, esta se ha convertido en una iniciativa muy buena para las cárceles pequeñas pero se convierte en un desafío para los establecimientos carcelarios de las grandes ciudades, debido a la sobrepoblación carcelaria y a la insuficiencia de medios electrónicos.

Otra futura medida que planea contener la crisis es el anunció del Gobierno sobre un futuro decreto que hará que más de 10.000 reclusos sean enviados a prisión domiciliaria, en busca de disminuir las posibilidades de contagio de coronavirus en las prisiones, este documento aún no ha sido firmado y el tiempo juega en contra, el anuncio del decreto lo hizo el Ministerio de Justicia tras los motines simultáneos que ocurrieron en la noche del sábado 21 de marzo en 18 cárceles del país, sin embargo este decreto no será aplicable a todos los reclusos pues se busca que sea aplicable a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad tales como adultos mayores, mujeres gestantes o lactantes, personas que presentan enfermedades y estarán excluidos de este beneficio aquellos que se encuentre incluidos en aquellos delitos que no son susceptibles de beneficios y subrogados penales, con esta medida se busca descongestionar un poco los centros carcelarios y evitar un posible propagación del COVID-19.

Pese a todo lo anterior se sigue generando incertidumbre ante una posible crisis de contagios dentro de cualquiera de los establecimientos penitenciarios del país puesto que como es sabido, en todos los casos el tratamiento de los contagiados consiste en aislar al paciente y recibir las atenciones médicas necesarias, por lo que, si se presenta una gran cantidad de contagiados dentro de algún centro carcelario, esto traería consigo una gran dificultad para tratar a las personas que se lleguen a contagiar puesto que si bien cada cárcel cuenta con un espacio de atención médica, estos servicios son de carácter básico y no serían efectivos para tratar un paciente con coronavirus, del mismo modo, pensar en tener en aislamiento a las personas contagiadas es imposible pues como se manifestó anteriormente el grado de hacinamiento se ha tornado incontrolable por lo que disponer de espacios para que las personas contagiadas sean atendidas es realmente imposible.

En conclusión es un momento difícil el que está viviendo la población mundial y que está poniendo a prueba a los gobiernos de cada país frente a su capacidad de reacción frente a la crisis provocada por la pandemia mundial y que les genera distintas clases de retos para impedir su constante propagación, siendo necesario adoptar medidas de salubridad inmediatas, sin embargo se logra evidenciar que se está dejando de lado un sector vulnerable  de la población y son todas esas personas que se encuentran recluidas en los establecimientos penitenciarios y de la mano de ellos también se está dejando de lado a los funcionarios del INPEC que día a día se encuentran expuestos a todas estas situaciones, por ende resulta entonces necesario que el Estado tome medidas para controlar la situación puesto que de lo contrario se podría generar un caos mucho mayor al que ya está viviendo el país con la emergencia económica y social.